Reto módulo 4: (Opción 1) ¿Qué puedo hacer yo? #Aprendediversidad
Resulta ciertamente paradójico que a estas alturas de la historia de la humanidad, y ya en pleno siglo XXI, sigan existiendo formas tan variadas de discriminación por parte del ser humano en nuestras sociedades. Todo apunta a que tiene parte de culpa la suma del miedo a lo diferente y los prejuicios, estereotipos y convenciones sociales nocivas que culturalmente tenemos tan arraigadas.
De esa sociedad también formamos parte los servidores públicos. Si bien, en tanto que empleados y empleadas públicas, estamos sometidos a un código de conducta concreto previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y concretamente, en el aspecto que ahora mismo nos ocupa, a los principios éticos contenidos en el mismo. Es clara la normativa citada al establecer lo siguiente:
Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Creo que lo anterior es claro y diáfano. Como empleados públicos tenemos un mandato especial respecto a la igualdad de trato y no discriminación, en cualquiera de sus facetas, con respecto al conjunto de la sociedad, por lo menos garantizarlo en lo que se refiere a las relaciones que los administrados tengan con la administración.
Creo que el ser empleado público tiene una carga de responsabilidad importante y ésta le va a acompañar siempre desde el mismo momento de su nombramiento. Pero no hay que olvidar que durante toda la vida profesional de un empleado público es fundamental su formación, y en aspectos tan sensibles y tan importantes más todavía, sobre todo si se quiere que el mismo impulse medidas en materia de igualdad de oportunidades, igualdad de trato y no discriminación.
Las máximas a las que debemos atender sin ningún género de duda son las siguientes:
Respeto a la diversidad
Respeto a las diferencias
Trato igualitario hacia todas las personas
Desde nuestra posición como empleadas o empleados públicos, y a los efectos de impulsar la igualdad de trato y no discriminación, además de ser plenamente conscientes de lo que se ha comentado en estos párrafos anteriores, es necesario tener continuamente presente en nuestro pensar y nuestro obrar existe un claro compromiso de ayudar a crear valor público para construir una sociedad abierta, plural, diversa, inclusiva y participativa.
Es muy importante que podamos contribuir a la superación de los estereotipos que tan negativa y perjudicialmente afectan a nuestra sociedad. La concienciación en este sentido es fundamental. Para ello, resulta evidente que es necesario poder reconocer las diferentes formas de discriminación. De ahí la extrema importancia de la formación continua. Para combatir algo, para luchar contra algo, previamente hay que conocerlo, identificarlo. El origen racial o étnico, la diversidad afectivo-sexual, la identidad de género o la diversidad de capacidades de las personas, por poner algún que otro ejemplo, de ninguna forma pueden suponer una traba en las políticas públicas que se apliquen en cualquier sociedad. Y por supuesto, derivado de lo anterior, debemos adquirir un comportamiento crítico contra todos aquellos actos y prácticas discriminatorias y que suponen desigualdad en el trato.
Formarnos es una de las garantías que en nuestra actividad diaria va a facilitar la puesta en marcha de medidas que redunden en la consecución de una sociedad más justa, igualitaria y libre de discriminaciones.
#AprendeDiversidad
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