Reto del módulo 1. Discriminación por edadismo: la discriminación financiera de las personas mayores.
A los efectos de contestar al Reto del módulo 1 adjunto el enlace a una noticia que está muy de actualidad en estos momentos y que supone una clara discriminación a las personas mayores:
En cuanto al contexto en el que se produce esta situación, se debe indicar que la pandemia del coronavirus ha acelerado la denominada "digitalización" de la sociedad. Cada vez más es necesario llevar a cabo trámites online casi de forma obligada para la ciudadanía, a los efectos de poder acceder a los diferentes servicios que prestan las empresas (la noticia que ilustra esta entrada hace referencia expresa a las entidades financieras) aunque también las administraciones públicas "han puesto de su parte".
Es palpable que esta situación se hace especialmente grave para las personas mayores en atención a que se trata de un sector de la población que no está habituado a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, de los recursos tecnológicos y de las redes sociales, o incluso complicándoles los trámites al reducirlos a citas telefónicas o gestiones telemáticas.
Este colectivo, el de las personas mayores, está sufriendo gravemente las consecuencias y el ejemplo más palpable se ha producido en el acceso a los servicios bancarios básicos. Cualquier persona que necesite realizar simples trámites bancarios (como pueda ser el reintegro de dinero, actualización de una libreta de ahorro, pago de recibos,...) es remitida sistemáticamente a los cajeros automáticos de que dispone la respectiva entidad financiera, o en su defecto a la página web de la entidad, cuando no cuentan con la formación ni los conocimientos necesarios para llevar a cabo de forma solvente esa actividad, todo ello fruto de la búsqueda por parte de las entidades bancarias de la máxima rentabilidad de su negocio financiero.
Lo anteriormente dicho supone una clara discriminación por edad a una franja de población de la sociedad, su marginación o "exclusión financiera". Además, esa discriminación se produce de forma indirecta ya que se establecen unas normas por parte de las entidades bancarias, aparentemente, sin ánimo discriminatorio pero que hacen que un determinado sector de la población (los mayores) se vea afectado gravemente, y que permanezcan en una clara situación de desventaja. Las consecuencias para este colectivo son claras: mayor sentimiento de vulnerabilidad y aislamiento, así como repercusión en su autonomía y en su salud mental.
Efectivamente, esta situación discriminatoria se debe combatir con herramientas jurídicas. Los poderes públicos deben trabajar para que esta situación desaparezca. No puede primar el interés económico del sector empresarial en una situación discriminatoria tan palpable. Las diferentes administraciones competentes deben reglamentar en la materia (p.ej. derecho de los consumidores) y el Banco de España, en tanto que autoridad gubernativa, debe tomar las medidas reales y efectivas necesarias para atajar este despropósito.
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